Discurso pronunciado por nuestra Gerente, Martha Elena Iglesias, en la 189ava Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de la incidencia gremial de los recicladores y otros grupos de trabajadores informales para la firma del Convenio Internacional 190: Erradicación de la violencia y el acoso en el sitio de trabajo.

Ginebra (Suiza), 31 de mayo de 2018

Señores delegados de los Estados miembros y organizaciones de trabajadores y empleadores.

Soy Martha Elena Iglesias, vengo de Colombia, y desde hace 20 años represento recicladores en mi país. Estoy aquí hablando en nombre de los millones de trabajadores en empleo informal en el mundo, quienes somos casi el 70% de empleo en países en desarrollo, y experimentamos frecuentemente la violencia y el acoso en nuestros lugares de trabajo. Por eso es fundamental se nos tenga en cuenta en la elaboración de este convenio y esta recomendación.

Represento al sector de los y las recicladoras, que sumamos más de 20 millones en el mundo. Recorremos las calles o trabajamos en vertederos sacando de la basura vidrio, papel, cartón, plásticos, metales y demás objetos desechados por la sociedad, que para nosotros se constituyen en el sustento de nuestras familias.

Históricamente hemos sido discriminados por la sociedad, muchas veces cuando recorremos las calles, los transeúntes nos evitan porque nos asocian a la delincuencia, a la indigencia o a los desechos que manejamos. Peor aún, hemos sido abandonados y perseguidos por las autoridades de nuestras ciudades y por los gobiernos nacionales, a pesar de que nuestra labor es un beneficio público, ambiental, económico y social.

En varios países del mundo, nuestros hermanos y hermanas trabajan en vertederos, sometidos por mafias, quienes imponen las condiciones de trabajo. En ocasiones exigen favores sexuales a cambio de un permiso para trabajar, nuestra situación empeora si somos migrantes, y que decir si además somos mujeres…

Sufrimos violencia y acoso en las calles y en los vertederos, que son nuestros lugares de trabajo, y esta violencia tiene múltiples responsables.

A pesar de la exclusión nosotros sabemos que “¡como trabajadores en empleo informal, somos parte de la solución de los problemas de nuestras sociedades!”

Para defendernos nos hemos organizado en todo el mundo. En Latinoamérica hemos formado la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores.

En mi país creamos la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, que enfrentó situaciones tan vergonzosas como los sucesos que ocurrieron en 1992 en Barranquilla, ciudad del Caribe Colombiano. Allí

11 recicladores fueron brutalmente asesinados en complicidad con personal de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barraquilla, quienes vendían sus órganos y cuerpos con fines académicos. Si bien el Estado Colombiano fue condenado, los autores intelectuales de este crimen nunca fueron judicializados. Este hecho movilizó a un gremio que debió no solo luchar por su derecho a la vida, sino que también debió luchar por su derecho al trabajo, en medio de políticas neoliberales, que sistemáticamente han atacado nuestras formas organizativas de base social y comunitaria.

Peor aún, estas políticas han querido entregarle nuestro medio de sustento, es decir el acceso a los residuos, a empresas privadas, y han criminalizado nuestra labor, prohibiendo por ejemplo que circulemos libremente, o que recuperemos los residuos en el espacio público. Así, el Estado a través de la policía se ha convertido en responsable de la violencia en nuestros lugares de trabajo.

Hoy después de 30 años de lucha, ganamos más de siete pronunciamientos de la Corte Constitucional en defensa de nuestro trabajo, y debemos ser reconocidos en cada municipio de nuestro país como ¡PRESTADORES DEL SERVICIO DE RECICLAJE! Mejor aún debemos recibir una remuneración por este servicio.

Este logro debería extenderse a TODOS y TODAS las recicladoras en el mundo, porque donde quiera que estemos, contribuimos a la salud de las ciudades, y prestamos un servicio público a nuestras sociedades.

Pese a los logros, algunos gobiernos locales en Colombia, como en el caso de Rionegro, nos ponen a competir en condiciones desiguales con empresas privadas, quienes motivados por la ambición del pago que se nos hace por el servicio que prestamos, están en las calles desplazándonos, quitándonos el reciclaje, y además expulsándonos de nuestras bodegas. Recordemos que la basura es a los recicladores como la tierra es al agricultor, o el rio es a los pescadores.

Vemos en la posible recomendación y convenio un mecanismo para que se mitigue la violencia y acoso frente a los trabajadores informales, también la vemos como un instrumento para que la situación de los recicladores a nivel mundial, y la de los recicladores en Colombia sea resuelta de acuerdo con los derechos que ya nos fueron reconocidos. Pedimos a las autoridades nacionales que integren a los recicladores a sus sistemas formales de manejo de residuos. Exigimos que los Estados garanticen los derechos de los recicladores, sobre todo en aquellos en donde son víctimas de nuevas formas de esclavismo.

¡No se olviden que reciclaje sin recicladores es basura! Muchas gracias.